No solo la justicia, la educación, el Congreso de la República o la Policía Nacional ameritan ser revisadas, sino también, lo más importante, el liderazgo del aparato institucional y la forma de hacer política que nos ha llevado a un estado de irracionalidad, anarquía y caos demencial. Lo urgente es abrir espacios de diálogo generativo para estructurar el diseño de medidas para proteger el Estado de derecho y fortalecer los valores democráticos, con apoyo de la acción disuasiva efectiva. En caso contrario, nos dirigiremos hacia la distopía.
Desde hace algunos años se ha hecho evidente la necesidad de revisar la estructura y el direccionamiento estratégico de nuestra Policía Nacional, pero es equivocado pensar que ahí está la razón o la expresión del problema nacional. Lo inobjetable es que la policía es una institución indispensable para la democracia y como tal debe ser querida, respetada y protegida por la sociedad. Por ello mismo debe estar auscultada permanentemente con mirada crítica y constructiva por la comunidad, para guiarla, controlarla y evitar cualquier desviación.
Pero lo que resulta inaceptable es que por errores inadmisibles que ciertamente causan indignación, se mine su legitimidad y se le irrespete, intimide, agreda y vilipendie, buscando intereses políticos y aprovechando lo que bien analiza Freud en su libro Psicología de las masas. Ello no beneficia a la sociedad, sino que afecta el principio de autoridad, restringe su accionar, limita su efectividad y menoscaba la seguridad y sana convivencia de todos los ciudadanos. Mala la acción y mala la reacción, pues al policía no se le puede ver como adversario, sino como el aliado indispensable del ciudadano para mantener en orden el ejercicio de sus libertades. Claro que se necesita acción correctiva inmediata, pero si, en gracia de discusión, se lograra una reforma que potencialice sus capacidades y cumpla sus fines, el país seguiría adoleciendo de los grandes males que hoy le aquejan.
El país necesita mucho más que eso. Necesita resolver su crisis de legitimidad y gobernabilidad. Pierre Calame, presidente honorario de la Fundación para el Progreso de la Humanidad, considera que no es posible un país en paz sin instituciones legítimas, para lo cual formula cinco criterios: 1. valores compartidos por el conjunto de la sociedad; 2. dirigentes dignos de confianza; 3. control ciudadano sobre las instituciones públicas; 4. procedimientos colectivos de evaluación de las políticas públicas; 5. adaptación del gobierno a los desafíos que la sociedad enfrenta en su momento.
Mirémonos en este espejo y veremos reflejadas todas nuestras falencias. Para corregirlas necesitamos un nuevo tipo de liderazgo político que promueva y direccione la voluntad colectiva hacia un gran acuerdo nacional sobre los temas claves del país, empezando por la legitimidad de las instituciones y los retos de gobernabilidad. Si no lo logramos el sueño de la paz será solo una entelequia.