de principios
En procura de lograr una Colombia próspera, ambientalmente sostenible, más justa, más equitativa, más democrática, más incluyente y en paz.
Los miembros del grupo LA PAZ QUERIDA, solidarios con los intereses nacionales, y pensando en la necesidad de una sociedad que se exprese libremente y sea tenida en cuenta en las discusiones públicas y en los centros de decisión, en aras de contribuir a la solución de los problemas del país,
1 Que el pueblo colombiano merece que se ponga fin a un conflicto armado que por más de 50 años ha enfrentado al Estado con la subversión y otras formas de delincuencia armada, en una lucha fratricida con consecuencias nefastas para la dignidad humana, la democracia y el desarrollo sostenible.
2 Que los desafíos propios de un país que aspira al crecimiento sostenible deben ser resueltos dentro del Estado Social de Derecho y la democracia participativa.
3 Que existen antiguos problemas no resueltos, entre los que sobresale la cuestión agraria, que generan otros muy diversos e impiden la solución de muchos aparentemente ajenos a su entorno.
4 Que para que el país alcance las condiciones deseables es indispensable la participación comprometida de la sociedad civil y la ciudadanía, mediante valores éticos y democráticos.
5 Que una paz justa y sostenible debe tomar en serio el dolor y los derechos de las víctimas, el esclarecimiento de lo ocurrido, la rendición de cuentas de los causantes de las atrocidades, la aceptación de responsabilidades y garantías efectivas de no repetición.
6 Que es indispensable desarrollar una visión estratégica de una Colombia deseable a mediano plazo, en procura de lograr una nación próspera, ambientalmente sostenible, más justa, más equitativa, más democrática, más incluyente con las diferencias de sexo, edad, etnia, orientación sexual y en paz.
1
La paz, con los adecuados mecanismos de justicia transicional, traerá más justicia a las víctimas y a la sociedad, que la continuación de esta guerra con impunidad generalizada.
2
Somos solidarios con todas las víctimas de todos los actores del conflicto armado; y nos unimos a su dolor y a su anhelo de verdad, justicia, restauración y paz.
3
Creemos que la implementación de los acuerdos de paz con la subversión requiere estrategias ejecutadas por comunidades que participen desde los territorios, con el acompañamiento del Estado, buscando de esta manera la solución de problemas estructurales que dificultan la convivencia pacífica y democrática.
4
Estamos convencidos de que la paz territorial se logra mediante la articulación de distintas visiones y la participación de las comunidades locales, en función de los desafíos del desarrollo humano, la cultura, la educación, la equidad social, la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental.
5
Instamos al Gobierno Nacional a promover la participación efectiva de la sociedad en las gestiones de interés público, mediante mecanismos legales y materiales correspondientes.
6
Recomendamos a las organizaciones de la sociedad civil que impulsen iniciativas de desarrollo local y regional, convivencia y reconciliación, a la vez que las exhortamos a encauzar las protestas sociales por vías legales y democráticas.
7
Insistimos en la necesidad de que los partidos y movimientos políticos modifiquen costumbres políticas destructoras de valores, para crear condiciones legales y materiales que privilegien el bien común sobre los intereses individuales y promuevan el desarrollo de iniciativas ciudadanas que contribuyan a la construcción de una cultura de legalidad.
8
Demandamos el compromiso de los empresarios para que no utilicen prácticas corruptas y establezcan relaciones económicas equitativas y solidarias, que cooperen de manera activa en el desarrollo de iniciativas ciudadanas, en el marco de la responsabilidad social empresarial.
9
Pedimos a la Fuerza Pública que revise las doctrinas y procesos operativos para ajustarlos a nuevos escenarios que garanticen la seguridad ciudadana y de la nación, el respeto a los derechos humanos y la participación política de los actores sociales en actividades relacionadas con la construcción de la paz.
10
Exigimos a las guerrillas que, como resultado de las negociaciones, hagan dejación efectiva de las armas, suspendan sus acciones delictivas y ejerzan sus derechos ciudadanos dentro de las normas del Estado Social de Derecho.
11
Exigimos a la delincuencia organizada que cese sus actividades criminales e ilegales –como el narcotráfico y la minería ilegal–, y se someta a la justicia.
12
Invitamos a las nuevas generaciones a participar más activamente en la construcción de la paz.
13
Exhortamos a los organismos de cooperación internacional para que cofinancien iniciativas del Estado y de la sociedad civil que conduzcan hacia una sociedad más democrática, incluyente y en paz.
14
Nos comprometemos a promover el debate y la participación de la sociedad civil y la ciudadanía para la implementación de los Acuerdos de La Habana y eventualmente los que surjan de las negociaciones con el ELN–, y a actuar como interlocutores de iniciativas viables al respecto, hasta lograr la formación de una masa crítica que genere cambios destinados a establecer relaciones sociales equitativas, constructivas y pacíficas.